La trampa de las leyes anti-discriminación

Screenshot_2019-04-22 Supreme Court will decide if it is legal to fire someone for being LGBTQ
Esta semana la Corte Suprema de EEUU abrirá las audiencias sobre tres casos clave relacionados con discriminación laboral, y sus decisiones definirán si en los EEUU es ilegal despedir a alguien por su orientación sexual, o por ser trans. El artículo de Think Progress que presenta el tema (arriba) está subtitulado “Esto va a terminar mal”.
Claro que va a terminar mal.
Si la Corte Suprema rechaza el pedido de lxs demandantes, justificará oficialmente y a nivel federal la práctica difundida de no contratar o despedir a alguien debido a su género, su expresión de género, y/o su orientación sexual. En el panorama político actual de ese país, es muy probable que este sea el desenlace.
Por otro lado, si la Corte acepta el pedido de lxs demandantes, se establecerá un antecedente anti-discriminatorio que seguirá reproduciendo la perspectiva del perpetrador, esto es, la idea de que tiene sentido interpretar la discriminación y la violencia -en este caso en función de la sexualidad, el género o la expresión de género- en términos de eventos puntuales, perpetrados por una persona contra otra, en un momento específico, y de una manera que es comprobable ante terceras partes. Las múltiples formas que toma realmente la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, etc., son reducidas a su presentación más evidente, pero menos profunda. ¿Cómo podemos interpretar los fenómenos de violencia estructural, las inequidades, las dinámicas de privilegio y sujeción que se dan en el lugar de trabajo y fuera de él? E incluso si aceptamos un enfoque restringido de lo que es la discriminación, o considerando que hay casos en los que sí aplica este marco, ¿quién tiene la credibilidad social para definir la disputa sobre si hubo o no discriminación en un caso concreto? Lo que es más grave, a través de estas señales (léase leyes o jurisprudencia) se crea la ilusión y el antecedente legal de que este problema está siendo abordado por el Estado y sus agencias (que, por transitividad, pasan a ser no discriminatorias).
Las leyes anti-discriminación (o la jurisprudencia, en este caso) no resuelven el problema de la discriminación incluso en los casos que entran dentro de una perspectiva del perpetrador; mucho menos sirven para prevenir o reparar las circunstancias que exceden la escala individual.
Dependiendo de qué decisión tome la Corte, nos encontraremos ante un desenlace más o menos beneficioso para les empleadores, pero que sin dudas será inadecuado para las víctimas presentes y futuras.